La Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, tiene como objetivo principal reducir el desperdicio de alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo final, promoviendo un uso más eficiente de los recursos y fomentando la economía circular.
Objetivos principales
- Reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario en toda la cadena alimentaria
- Fomentar un consumo responsable y sostenible de alimentos
- Sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre la importancia de prevenir el desperdicio
Principales aspectos de la ley:
- Planes de prevención: Todos los agentes de la cadena alimentaria deben elaborar un plan de prevención que identifique dónde se producen las pérdidas de alimentos y establezca medidas para minimizarlas.
- Jerarquía de prioridades: Se establece un orden para gestionar los alimentos no consumidos:
- Donación o redistribución: Destinar los alimentos a consumo humano a través de donaciones a entidades sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.
- Transformación: Convertir los productos no vendidos en otros, como zumos o mermeladas.
- Alimentación animal o uso industrial: Utilizar los alimentos para piensos o en procesos industriales.
- Compostaje o digestión anaeróbica: Destinar los desperdicios a la producción de compost o biogás.
- Obligaciones para hostelería y restauración: Los establecimientos deben ofrecer a los clientes la posibilidad de llevarse los alimentos no consumidos en envases adecuados, sin coste adicional, salvo que sean de plástico, en cuyo caso podrán cobrarse.
- Medidas para supermercados: Los supermercados deben implementar planes para reutilizar o donar productos en buen estado y establecer colaboraciones con organizaciones locales para su distribución.
- Sanciones: El incumplimiento de las disposiciones puede conllevar multas que oscilan entre 2.000 y 500.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Aplicación
- Afecta a todos los agentes de la cadena alimentaria: productores, distribuidores, comercializadores, hostelería y consumidores finales.
- Especial atención a grandes productores y distribuidores.
Plazos de implementación
- Las empresas disponen de un año desde la entrada en vigor para adaptarse a las nuevas obligaciones.
Esta ley busca concienciar sobre la importancia de reducir el desperdicio alimentario y promover prácticas sostenibles en toda la cadena de suministro.
Desde Consultoría Agroalimentaria quedamos a su disposición para cualquier consulta al respecto.